Equo muestra su preocupación por la «proliferación de actividades turísticas» en el Parque Nacional de Picos de Europa

La representación territorial del partido Verdes EQUO en Cantabria, Asturias y Castilla y León, comunidades autónomas implicadas en la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, ha mostrado su «profunda preocupación» por «la proliferación de actividades turísticas de todo tipo y la presión humana sufrida en algunas zonas más concurridas que hacen peligrar el delicado estatus medioambiental» durante los últimos años, así como por algunos aspectos del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque aprobado hace dos semanas.
A pesar de que el documento recoge como criterio para la gestión del uso público del Parque, que este «se fundamentará en criterios de calidad, evitando la masificación, favoreciendo la accesibilidad universal, […], desarrollándose, en todo caso, de forma compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales», Equo ha valorado como «realmente preocupante» la situación que vive el Parque en estos últimos años, en lo que a turismo se refiere.
Además, cree que «entre las actividades lúdicas que se proponen, hay una escasez tremenda de las enfocadas a la sensibilización y educación ambiental» y «un abanico muy amplio de actividades que pueden provocar un importante impacto ambiental negativo sobre los valores naturales a defender de este Espacio Natural Protegido».
Igualmente, ha recordado que los Parques Nacionales son «un terreno vetado a la caza», por lo que ha reclamado su persecución y la aplicación de «sanciones ejemplarizantes».
De este modo, Verdes EQUO insta a las administraciones regionales competentes de las tres autonomías afectadas a repensar el presupuesto general y la distribución de las partidas para poder cumplir efectivamente los objetivos del Parque, centrando sus actuaciones en la información y sensibilización ambiental de las personas que lo visitan, «debiendo ser el emblema del Parque: la educación de sus valores naturales».
También ha solicitado por escrito al Consejo Rector del Parque que se haga pública y facilite el detalle de las licencias de acceso rodado que están en vigor en el Parque Nacional; la información detallada sobre los sistemas de control de acceso de vehículos a las zonas restringidas y las sanciones impuestas por este motivo; el listado de personal adscrito en exclusiva a labores propias del Parque Nacional de Picos de Europa en las tres comunidades; los estudios científicos y técnicos desarrollados sobre la flora y la fauna y su estado de conservación; y el catálogo de especies y de hábitats protegidos por directiva europeas.
Cantabria
Equo Cantabria ha manifestado su inquietud ante «la necesidad de estabilizar al personal que trabaja en el Parque y la necesaria ampliación de la plantilla», el acceso «de cada vez más vehículos» por la pista de Espinama («sin aparente control»), la generación de residuos en el entorno del teleférico de Fuente Dé «debido a la afluencia de muchas personas», el «estado de descuido» del edificio de Centro de Interpretación del Parque y el gasto «excesivo» para el cableado eléctrico destinado al Refugio Hotel de Áliva, para el que propone «hacer una instalación fotovoltaica» en su lugar.
Un PRUG mejor, pero insuficiente
En cuanto al PRUG, Equo ha considerado que «aunque supone mejoras respecto a la situación previa, sigue siendo un peligro para la integridad del Parque y para el cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales», puesto que «el listado de pistas habilitadas a la circulación de vehículos sigue aumentando», mientras el control de la misma es «escaso». Esta situación deriva, «en muchos casos», en una «enorme presión de vehículos a motor en lugares como Áliva, el valle del Cares, los lagos de Covadonga o la collada de Pandébano».
Asimismo, para Equo, el personal adscrito al Parque Nacional para poder desarrollar adecuadamente todas las tareas previstas en el propio PRUG, incluyendo las actividades de educación y sensibilización, es insuficiente.
El partido ha calificado las partidas del presupuesto, previsto para los próximos diez años, como «exiguas», ya que se destinan «casi 6 millones de euros para atender el uso público, de los cuales 5 millones se destinan para Apoyo al uso público en una partida sin desglosar», mientras se dedican «3.000 euros a investigación, 270.000 euros para educación ambiental y 265.000 euros para participación ciudadana».