La Consejería de Presidencia dispondrá por primera vez de una partida específica para luchar contra el despoblamiento

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria dispondrá, por primera vez, de una partida específica de 470.000 euros para luchar contra el despoblamiento del mundo rural e iniciará un proyecto en municipios en situación de riesgo severo para incrementar sus servicios bancarios. Además, destinará 20,8 millones de euros a los ayuntamientos de Cantabria, la mayor cantidad en la última década.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Presidencia, Paula Fernández Viaña, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento. El presupuesto de su departamento para 2021 asciende a 124,3 millones (un 4,4% más). La consejera ha trasladado a los grupos parlamentarios su compromiso de estudiar todas las enmiendas que se presenten e incorporar aquellas que mejoren el texto.

Fernández ha puesto sobre la mesa los avances y acciones realizadas en la lucha contra el despoblamiento rural a nivel nacional y europeo, así como de las consejerías del Gobierno regional, como eje transversal de acción del Ejecutivo, y dentro del Consejo Asesor que coordina todas las acciones.

Por ello, la nueva partida destinada a la lucha contra el despoblamiento establecerá medidas de discriminación positiva en los 39 municipios de acción preferente definidos en el Consejo Asesor del Despoblamiento, y se desarrollará un proyecto piloto contra la exclusión bancaria de nuestros pueblos.

También ha defendido el refuerzo en 2021 de las acciones del Ejecutivo «como diputación provincial», en apoyo a los municipios, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes, y las entidades locales menores. Se llevará a cabo con el incremento de las partidas destinadas a los consistorios, la puesta en marcha de nuevas inversiones y con más personal autonómico para apoyar de forma «directa» la prestación de los servicios públicos que son de competencia municipal.

Además, se mejorará la asistencia a las juntas vecinales. A las ayudas para asegurar su funcionamiento, que superan los 200.000 euros, se dispondrá de un nuevo equipo de funcionarios para apoyar a estas organizaciones locales más cercanas a los vecinos en los trámites legales y servicios que prestan.

Seguridad y emergencias

El presupuesto dirigido a las emergencias y seguridad ciudadana incrementa un 2,19 %. El mayor incremento se debe al nuevo contrato del servicio del helicóptero (420.000 euros más), que tendrá nuevas prestaciones y una segunda aeronave de diciembre a marzo para la lucha contra los incendios forestales y los posibles episodios de inundaciones.

En este punto también se contempla la inversión de 3 millones de euros al servicio autonómico del helicóptero del Gobierno de Cantabria, el presupuesto del organismo autonómico del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), dos líneas de ayudas importantes para la seguridad ciudadana y una partida para la adquisición de vehículos para uso de protección civil, así como para la compra de equipamientos para los voluntarios.

Justicia

La consejera ha destacado que Cantabria dispondrá de un presupuesto histórico para mejorar el servicio de la justicia. Por ello, ha anunciado que toda la plantilla del nuevo equipo psicosocial para los partidos judiciales de Torrelavega, Reinosa y San Vicente será una realidad antes de fin de año, un nuevo servicio que posibilitará agilizar los informes y resoluciones judiciales.

En materia de obras en las sedes judiciales, ha avanzado la próxima adjudicación de la reforma del convento de Las Clarisas y otras mejoras en las infraestructuras, una vez ejecutado en gran parte el Plan de reordenación de sedes en Santander, que incluye una nueva sede del Instituto de Medicina Legal (IML).

Respecto a esta sede, Fernández Viaña ha comunicado que se procederá a contratar la redacción del proyecto, permitiendo unificar sus dependencias centrales en el Hospital Valdecilla, sin perjuicio de preservar los espacios que su actividad de apoyo judicial exige en cada partido judicial. Esto permitirá habilitar unos 350 metros cuadrados en la zona nueva de las Salesas para ubicar servicios y nuevas unidades judiciales que se puedan crear, como es el caso de la ampliación de la Oficina de Atención a las Víctimas.

La consejera ha asegurado que habrá más fondos para la teletramitación judicial y la modernización de la justicia. Se prevé un incremento cercano a los 80.000 euros hasta los 320.000 euros en el contrato del nuevo Centro de Atención al Usuario.

Como principal avance, ha destacado que se logrará completar el expediente judicial electrónico, mediante la incorporación de las grabaciones de las vistas judiciales y las imágenes, lo que permitirá poder acceder a estos registros sin tener que acudir a los juzgados.

Sobre la Oficina Fiscal y Judicial, ha señalado que el Gobierno regional ya cuenta con ambos decretos redactados, con el objetivo de desarrollar las memorias que los acompañan y especificar los puestos de trabajo de manera precisa.

Además de las ayudas destinadas a los juzgados de paz, que alcanzan los 140.000 euros, Fernández ha apuntado el Gobierno estará preparado para adoptar las medidas que la reforma de la Ley de Registro Civil lleve consigo.

Transparencia

La consejera de Presidencia ha abordado en su intervención la aprobación hoy del decreto de Transparencia, regulador de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública, el régimen de reclamaciones y el sancionador, y que supondrá la actualización del Portal de Transparencia. También ha apuntado la próxima tramitación del decreto de creación y funcionamiento del buzón de denuncias contra la corrupción.

Por último, ha informado de una nueva legislación autonómica para regular la formación de los empleados públicos y la puesta en marcha de una plataforma de teleformación para los cursos propios del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).