Gregorio Alonso: «Teniéndolo todo en la mano para hacerlo bien, lo hice mal»

El alcalde de Vega de Liébana y presidente del Grupo de Acción Local Liébana, Gregorio Alonso (PRC), ha reconocido que el pasado 2 de diciembre de 2016 falsificó las firmas de los presidentes de las juntas vecinales de Ledantes, Barrio y Villaverde en un documento dirigido a la Consejería de Medio Rural sobre el proyecto ‘Vía Ferrata’.

Alonso ha reiterado que su actuación «fue una torpeza». «Teniéndolo todo en la mano para hacerlo bien, lo hice mal», ha afirmado el acusado durante el juicio celebrado este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan una condena de tres años y medio de prisión, una multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

Durante el juicio han declarado como testigos los presidentes de las Juntas Vecinales de Barrio, Ledantes y Villaverde, el entonces secretario del Ayuntamiento de Vega de Liébana, el director general de Medio Natural en ese momento, y el dueño de la empresa que ejecutó la instalación de la vía ferrata.

«Fue una torpeza por mi parte»

Gregorio Alonso, alcalde de Vega de Liébana desde 2007, ha admitido que hace cuatro años falsificó un documento oficial con la finalidad de «obtener la autorización», debido a la «urgencia» y la «premura que se necesitaba» para ejecutar la obra. «Fue una torpeza por mi parte. Pudiéndolo hacer bien, lo hice mal», ha reconocido.

No obstante, Alonso ha confesado sentirse, «en alguna medida, presionado por el contratista, que tiene ya adelantados una serie de… y lo va a perder». «Es que no teníamos tiempo, de verdad, para la ejecución de la obra. Mínimamente puede tardar 15 dias. Si el hombre tiene que justificar a mediados de diciembre, no tiene tiempo material de ejecutar y facturar», ha explicado.

El alcalde ha relatado que ya contaba con las autorizaciones previas de los presidentes de las juntas vecinales de Barrio, Ledantes y Villaverde, y que, después de falsificar el documento, «he hablado un montón de veces con ellos, los he tenido en mi ayuntamiento puliendo cuestiones que iban saliendo que no habíamos reparado en ellas para la explotación».

Alonso ha añadido que la ejecución de la obra «era a título gratuito». Además de «una serie de condiciones» comunicadas por parte de la Junta Vecinal de Barrio, las juntas de Ledantes y Villaverde no impusieron condiciones «en cuanto al diseño». «La condición era que querían llegar a un acuerdo en la explotación», que «es posterior a la instalación de la obra», ha insistido.

A pesar de que, según Alonso, ningún pedáneo le manifestó que no hubiera firmado el documento, los presidentes de las Juntas Vecinales de Barrio y Villaverde han desmentido dicha afirmación. El presidente de la Junta Vecinal de Barrio, Constantino Cuesta, ha asegurado que no habría firmado el documento porque «no incluye las condiciones que le pedimos nosotros». En la misma línea se ha expresado María Concepción Gómez, presidenta de la Junta Vecinal de Villaverde en 2016, quien ha dicho tajante que «según está puesto, no, porque nosotros ya habíamos pedido una remuneración económica».

María Paz Calleja declara como acusación particular.

Acusación particular

María Paz Calleja, concejala de la oposición en 2016, inturpuso la denuncia en diciembre de 2017, casi un año después de conocer el suceso, tras comprobar que existía un documento en el expediente de la Consejería que no constaba en el expediente del Ayuntamiento, tal y como le había informado el presidente de la Junta Vecinal de Barrio. Nos obstante, ha apuntado que fue la presidenta de la Junta Vecinal de Villaverde quien «se dio cuenta de lo que había sucedido».

«Mi interés es velar por los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos, y me parece que esto es, a mi forma de pensar, algo grave», ha explicado.

Además, Calleja ha admitido que, durante la campaña electoral de 2019, escribió una carta a los vecinos «diciendo que no se votase a Gregorio porque iba a ser inhabilitado tarde o temprano», ha leído textualmente la defensa.

Por otra parte, la edil ha contado en su declaración que «llamaron a mi marido y le dijeron que tuviera presente que podría haber represalias» -en referencia al negocio de su esposo-.

Conclusiones

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han elevado sus conclusiones a definitivas. Por su parte, la defensa ha propuesto la posibilidad de un delito de falsedad documental por imprudencia, puesto que no considera que se haya causado un grave perjuicio y daño a la administración pública, así como la aplicación de la atenuante muy cualificada, al «colaborar con la investigacion reconociendo los hechos desde el comienzo».