Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una propuesta analizada por el Gobierno central durante los últimos meses, según informaciones aparecidas al respecto en los medios de comunicación y en redes sociales.
La iniciativa ha provocado la inquietud de las comunidades autónomas citadas, que han enviado una carta conjunta firmada por los cuatro consejeros -incluido Guillermo Blanco en representación de Cantabria-, a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Para estas autonomías, otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión contraria a los intereses de dichas comunidades, puesto que son quienes sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales.
Consecuencias
La inclusión del lobo en el LESPRE supondría la prohibición general de su caza y solamente de forma excepcional la captura de un ejemplar podría autorizarse bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad. Esta limitación complicaría que las comunidades con presencia de lobo al norte del río Duero recurrieran a acciones cinegéticas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos.
Asimismo, este cambio sería contrario a las políticas desarrolladas en estas comunidades en los últimos años para buscar la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos en diferentes zonas del territorio con la ganadería extensiva. Además, podría poner en peligro el futuro de alguna raza autóctona.
Carta conjunta
Las cuatro comunidades autónomas señalan en la misiva que «hemos elaborado y aprobado planes de gestión del lobo que, por desgracia, no se han librado en algunos casos de su traslado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes». Estos planes de gestión del lobo pretenden conservar este animal «a través de una adecuada gestión que nos permita compatibilizar su presencia con el mantenimiento y la mejora de la ganadería extensiva».
Así, las cuatro comunidades han conseguido «que las poblaciones de lobo mejoren, que ocupen nuevos territorios, que mejore la percepción de las comunidades rurales frente al lobo, que aparezcan nuevas formas de potenciar el ‘recurso turístico’ lobo y para conseguir una mejor valoración por los vecinos de estas zonas. Además, con este modelo actual de gestión se ha logrado conseguir una información fiable y continua de lo que está sucediendo con la evolución de las poblaciones de lobo, con los daños a la ganadería y con la conflictividad social asociada a su gestión».
«Por tanto, ministra, queremos trasladarte que, a pesar de los esfuerzos en la gestión solo conseguimos parcialmente los objetivos, el buen estado de las poblaciones del lobo, pero el problema de los daños a la ganadería sigue estando presente en el día a día y la conflictividad social asociada aumenta», continúa la carta. «La población del medio rural que convive diariamente con esta especie -añade la misiva- no quiere que se les indemnice si los daños son continuos en una explotación, lo que nos demandan es que esos daños disminuyan, y creemos que esto solo lo conseguiremos a través de una gestión flexible, conjunta y coordinada que nos permita, además, trasladar a la sociedad soluciones eficaces basadas en los datos científicos y la experiencia de nuestros equipos técnicos, y alejados de posicionamientos ideológicos sesgados y radicales».
«Como bien sabes -añade la carta en referencia a la ministra Ribera- el nuevo estatus que se plantea impediría que la especie fuera cinegética» -en estos momentos tiene dicha consideración en Cantabria, Galicia y Castilla y León, siendo especie ‘gestionable’ en Asturias-, «pero en todos los casos la capacidad actual para gestionar la especie es mayor que la que se tendría si la especie se incluyese en el LESPRE».
A este respecto, los responsables medioambientales de las cuatro autonomías recuerdan lo que supone la ganadería extensiva en nuestras CCAA. «Hablar de Asturias, Cantabria, Galicia o Castilla y León es hablar de explotaciones ganaderas familiares sostenibles y hacedoras de paisaje, de razas ganaderas autóctonas en peligro de desaparición, de productos de calidad ligados a la ganadería, carnes, leches, quesos… Todo esto es lo que está en juego, no sólo una actividad económica, sino una forma de vida».
Lo que piden las cuatro comunidades autónomas es que se cumplan y respeten los procedimientos administrativos y el actual marco competencial en el cambio del estado legal del lobo, «que en su actual propuesta en ningún caso responde a un consenso jurídico, técnico o científico».
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