Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco reclaman al Estado que contemple las peculiaridades de la Cornisa Cantábrica en las negociaciones de la futura PAC

Cantabria, Galicia, Asturias y País Vasco han reclamado al Gobierno de España que contemple las peculiaridades de las comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica a la hora de diseñar y aplicar la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo de programación 2023-2027.

Los consejeros de Desarrollo Rural de las cuatro comunidades autónomas -Guillermo Blanco (Cantabria), José González (Galicia), Alejandro Calvo (Asturias) y Arantxa Tapia (País Vasco)- han firmado este martes, de manera telemática, un documento conjunto para expresar su postura común y reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que el Plan Estratégico Nacional de la PAC apoye y reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España.

En el documento manifiestan su preocupación por el diseño de las diferentes ayudas directas por parte del Ministerio, «prestando más atención a la agricultura que a la ganadería y acercándose más a los sistemas productivos del interior y del Mediterráneo que a los de la España húmeda».

También han defendido la necesidad de impulsar la figura del agricultor genuino, incluir planes específicos para la ganadería extensiva y el sector lácteo y la importancia de consolidar un modelo de producción que compatibilice la rentabilidad de las explotaciones y genere actividad socioeconómica en el medio rural.

Otras ayudas

Los consejeros de la Cornisa Cantábrica reclaman que en el reparto de la ayuda básica a la renta de los agricultores y ganaderos se tenga en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago «muy inferior» al promedio español.

Asimismo, piden que se corrija ese desequilibrio como paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie, por lo que consideran «inaceptable» que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas, una medida que consideran que beneficia más a las zonas del Mediterráneo.

Además, creen que es «imprescindible» que en el diseño de las ayudas a la renta se reflejen a nivel nacional las diferentes realidades existentes desde el punto de vista agronómico y socioeconómico.

También piden que se mantengan las ayudas acopladas –las que se asocian a los diferentes sectores- destinadas a los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino, con una dotación, por lo menos, similar al periodo 2014-2020.

Igualmente, insisten en que el límite de ayudas (capping) se establezca en 60.000 euros por explotación y no entienden que estos mecanismos de control pasen a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.

Agricultor genuino y pago redistributivo

En referencia a la propuesta del MAPA de definir al agricultor genuino con el establecimiento de un porcentaje mínimo de al menos un 30% de los ingresos agrarios sobre los totales, incorporando como novedad que se incluyan también en el concepto los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.

Ven «inadecuada» la propuesta del Ministerio de incluir a aquellas personas que perciben menos de un cierto volumen de ayudas directas, con independencia de ese peso de los ingresos en su renta.

También muestran su desacuerdo con que la aplicación del pago redistributivo deje de ser obligatoria para ser voluntaria y reclaman un presupuesto «ambicioso», con un mayor pago a las primeras hectáreas para beneficiar a las pequeñas explotaciones.

La cuatro comunidades autónomas aplauden en el documento que se destine el 20% de montante disponible para pagos directos a los ecoesquemas -la nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental-, pero lamentan las propuestas para que estos mecanismos aborden problemáticas y realidades productivas propias del centro y sur peninsular.

Por todo ello, demandan la modificación de las propuestas del Ministerio y proponen añadir otros ecoesquemas adicionales para atender su realidad.

Desarrollo Rural

La reclamación de las autonomías cantábricas pasa por un incremento de las asignaciones de los fondos europeos de, al menos, el 5%, y demandan que se recupere el equilibrio en la cofinanciación entre las aportaciones de la Administración estatal y de las comunidades autónomas, tras perderse en el periodo de programación 2014-2020.

No obstante, consideran que el diseño de ests intervenciones debe ser realizado por cada comunidad autónoma, según la realidad y las necesidades específicas de su medio rural.